Juntas de Conciliación y Arbitraje, la justicia laboral cambia…

Mucho se dice respecto de la próxima desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje tanto a nivel federal como local; lo cierto es que aunque sea casi un hecho, no podemos afirmar tal circunstancia, porque la discusión ahora se encuentra en la cámara de diputados, y posteriormente será sometida a las legislaturas de los estados.

El pasado jueves 13 de octubre de 2016, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, el dictamen de reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dicho dictamen resulta de gran trascendencia en materia laboral, pues plantea entre otras cosas la creación de Tribunales en materia laboral, que sustituirán en cuanto a resolución de conflictos se refiere, a las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, quitándole tal facultad al poder ejecutivo para entregarlo al poder judicial (modificación a la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional).

Cierto es que nuestro –hasta ahora- sistema de resolución de conflictos entre el capital y el trabajo es un hibrido que realiza funciones de naturaleza administrativa pero resolviendo e impartiendo “justicia de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo”, dónde los resolutores de conflictos son juez y parte; y que hasta hoy ha quedado claro que tales órganos se ven manipulados por cuestiones sindicales y políticas, dónde en muchos casos los representantes del trabajador, en realidad son representantes del sindicato, y por tanto responden a dichos intereses, y que incluso en muchos casos la aplicación de la justicia laboral no resulta justa, e incluso debiendo en últimas instancias subordinar sus decisiones a lo dictado por los Tribunales Laborales que determinan el control constitucional en materia de amparo.

Resulta plausible que hoy se pretenda congruencia al dejar en manos del poder judicial la aplicación y el control del Derecho Laboral. Sin embargo, se pretende continuar con los híbridos en nuestro sistema de impartición de justicia laboral, al crear un requisito previo a acudir al proceso laboral propiamente dicho, y someter a conciliación las controversias entre trabajadores y patrones, conservando para el poder ejecutivo la facultad conciliatoria, como un intento de dar auge a la resolución de conflictos sin proceso (adición del párrafo segundo a la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional).

Consecuente con lo anterior, el artículo 107 constitucional, se verá modificado para dar paso a la procedencia del juicio de amparo contra las resoluciones dictadas por los Tribunales Laborales.

Así, en caso de ser aprobadas tales reformas, debemos esperar a verlas reflejadas en nuestra Ley Federal del Trabajo, esperando que el proceso laboral no adolezca de rigores innecesarios y que siga en pie la protección laboral al trabajador.

Debemos estar pendientes del curso de esta iniciativa de reforma constitucional y de sus consecuencias, pues ya comenzaron los paros laborales de las juntas federales que seguirán de la mano de otras juntas, porque lo que es claro es que no se sabe qué pasará con los empleados actuales de las juntas federales y locales, ni tampoco los pormenores de la creación de los nuevos tribunales laborales, ni de dónde se saldrá el presupuesto para materializar la citada reforma. 


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